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Autoridades incompetentes, falta de planificación

 

Las calles y avenidas de Lima Metropolitana han excedido el límite de capacidad de vehículos permitidos, lo cual produce la congestión vehicular. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y la Municipalidad de Lima tienen la obligación de brindar el servicio de regulación a todo el sector de transporte público y privado con el objetivo de establecer un modelo sostenible. Sin embargo, esto no ocurre. En este texto, se desarrollará y explicará la falta de supervisión y fiscalización del transporte, el cual es uno de los principales factores que afecta a la ciudad de Lima.


 

Por un lado, la falta de supervisión y fiscalización del transporte público y privado se debe a las deficientes medidas aplicadas a este sector por diferentes autoridades, tales como el MTC y el Poder Ejecutivo. A lo largo de los años, se han planteado medidas regulatorias inapropiadas, las cuales han ocasionado el deterioro de nuestra estructura vial. La liberalización del transporte aprobada, a través del Decreto Legislativo Nº 651, por ejemplo, fue una de las medidas que se tomó en 1991. Esta ley permitió la prestación del servicio de transporte por cualquier persona natural o empresa, por lo cual aumentó la competencia en el sector. En consecuencia, los buses y microbuses disminuyeron su capacidad competitiva; es decir, no cumplieron con los requisitos para abastecer el mercado de transporte. Por tal motivo,  comenzaron a circular más unidades de combi y cúster. Cabe mencionar que la ejecución inadecuada de planes aplicados para reducir la congestión vehicular evidencia la falta de interés de las autoridades por corregir la situación del entorno social a futuro. Acorde a lo expuesto por Guillermo Laguna (2018), la ley Nº 651 fue una solución aparentemente óptima para ese contexto. Sin embargo, actualmente, continúa vigente y es una de las generadoras del embotellamiento que se observa a diario. Al respecto, la Municipalidad de Lima realizó el proyecto de la construcción de las líneas del Metropolitano y los Corredores complementarios como una medida alternativa. No obstante, el servicio de transporte urbano continúa operando bajo una regulación ineficaz, ya que las medidas complementarias no disminuyen el congestionamiento. 

 

Por otro lado, la ineptitud de las autoridades y la falta de compromiso por superar el caos vehicular son un defecto interno del sector transporte. La normativa deficiente, como la nula ejecución de sanciones a nivel operativo, es un problema que permite la continuidad de las autoridades incompetentes que rigen el sector. Según la Constitución del Perú (1993), el Decreto ley Nº 27181 señala que dentro de las competencias de fiscalización para el sector, se encuentran la supervisión, la sanción de infracciones y el cumplimiento de la ley de transporte. Sin embargo, las instancias encargadas, como la Municipalidad de Lima y el MTC, omiten las responsabilidades anteriormente mencionadas. Asimismo, Guillermo Laguna (2018) afirma que cada mandato elige una normativa en función de sus competencias y necesidades. Estas estrategias ineficientes desvían el objetivo central del sistema regulatorio de transporte, el cual es una regularización común. Esto permitiría igualar el sistema normativo vehicular y aspirar a un modelo sostenible. Este último busca mermar la situación decadente que ha afrontado la capital durante estos años: la congestión vehicular. 


 

En conclusión, las deficientes medidas encargadas de regular el sector de transporte y la ineptitud de las autoridades condicionan a la ciudad de Lima a padecer el deterioro del sistema de transporte. Por eso, la base de un planteamiento sostenible surge en la normativa de regularización. Es necesario que se tomen las medidas apropiadas con la finalidad de establecer un óptimo control vial y fiscalizador. Por tal motivo, el otorgamiento de una sola autoridad para evitar la dispersión de responsabilidades y reducir la posibilidad de evadir funciones es un buen ajuste en la normativa vehicular. De esta manera, aumentaría la posibilidad de establecer un sistema de movilidad más seguro y estable. 

 

 

P. Rivadeneyra

La intervención de autoridades, tales como la policía de tránsito y ATU, es necesaria para establecer el orden vial y asegurar un óptimo funcionamiento de vehículos. Como se observa en la imágen, la función de supervisión se realiza diariamente en diferentes avenidas de Lima Metropolitana.
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